• 27 Jul 20
  • Posted by Egger, Eva-Maria , Jones, Sam , Justino, Patricia , Santos, Ricardo
  • Globalización, Salud

Más allá del confinamiento: reconstruir el contrato social

Las continuas medidas de confinamiento están desgastando el contrato social entre ciudadanos y gobiernos. Como se explica en esta columna, la existencia de bajos niveles de confianza en el Estado así como elevada desigualdad económica – incluyendo algunos países del África subsahariana – podría llevar a un creciente malestar y al aumento de protestas en estos contextos. Si las políticas para controlar la Covid-19 desencadenan un incremento de la violencia entre ciudadanos y autoridades, el perjuicio social y económico podría sobrevivir mucho tiempo a la pandemia.

A comienzos de 2020, cuando el Covid-19 se convirtió en una pandemia global, los economistas y los funcionarios de la salud pública estuvieron a menudo de acuerdo. Los costes económicos a corto plazo de un confinamiento estricto representarían un pequeño precio a pagar – no sólo para salvar numerosas vidas, sino también para facilitar que la economía volviese a pleno rendimiento lo antes posible si se pudiera doblegar al virus.

Desde la perspectiva actual, esta estrategia parece haber sido sensata en varios países. Pero las dificultades económicas y sociales impuestas por los confinamientos, especialmente para los más pobres del mundo, también se han vuelto evidentes. Con incrementos de la violencia doméstica y la brutalidad policial, así como pérdida de acceso a la educación y otros servicios públicos, hemos visto una extensión del descontento hacia protestas civiles.

Incluso en casos ejemplares como Corea del Sur y Nueva Zelanda, es evidente que no se puede eliminar al virus fácilmente o a corto plazo. Mientras que las restricciones tempranas de confinamiento frenaron el avance de la expansión del virus, parece que la ratio de reproducción (el número R) no puede reducirse fácilmente por debajo de uno.

Así que, puesto que la pandemia continúa, numerosos países enfrentan el dilema de cómo mantener medidas que frenen al virus y protejan a los más vulnerables, sin imponer costes sociales y económicos excesivos a largo plazo.

Sin embargo, como se están llevando a cabo diferentes políticas para afrontar la situación hasta que haya una vacuna disponible, es importante evaluar los efectos perjudiciales de los confinamientos y reconocer que sin importar qué tan bien intencionados sean, los enfoques genéricos no resultan especialmente útiles.

Aunque los confinamientos estrictos han funcionado en algunos países, aquéllos han resultado más efectivos en contextos de ingresos más elevados en los que tanto la capacidad del Estado como los niveles de confianza son altos.  Incluso en estos lugares crecen las tensiones, bien a través de protestas directas contra las medidas sanitarias o el aumento de otras demandas sociales arraigadas. No cabe esperar que la misma política funcione en todos los contextos.

Confinamientos en África

Nuestra investigación demuestra que los desafíos que plantea imponer confinamientos son especialmente graves en el África subsahariana. Basándonos en un índice simple de preparación para el confinamiento, que incluye el acceso a agua potable, servicios de saneamiento, electricidad y un ingreso regular, observamos que sólo el 7% de todos los hogares podría ser clasificado como “plenamente preparado” y menos de uno de cada tres como “parcialmente listo”.

Además, encontramos que los países con baja preparación para el confinamiento también tienen niveles más bajos de confianza, particularmente en las instituciones políticas. Y, tal como mostramos, puesto que una menor confianza tiende a estar asociada a malestar social, aumenta el riesgo de que las restricciones mal planteadas (de cualquier tipo) puedan degenerar rápidamente en protestas, debilitando el ya de por sí frágil contrato social existente entre el Estado y sus ciudadanos.

Construir el contrato social

Pero existe otra forma. En lugar de un círculo vicioso de restricciones legales al movimiento seguido de violencia policial que genera más resistencia, debe reconocerse la necesidad de reforzar la confianza entre el Estado y sus ciudadanos. De hecho, la confianza no es sólo un factor indispensable de las intervenciones eficaces de salud pública – como ha demostrado la experiencia del Ébola – sino que también podría proporcionar una base para decretar confinamientos más localizados o selectivos, en la medida en que estos pueden llegar a ser inevitables.

Entonces, ¿cómo puede construirse la confianza en estos tiempos difíciles? Dos medidas de política general merecen atención. La primera es comprometerse con los dirigentes comunitarios y organizaciones como partes integrantes de la solución, trabajando con ellos para averiguar cómo pueden lograrse los objetivos del distanciamiento social y otras medidas preventivas (como la reducción de eventos masivos, el lavado de manos y el uso de mascarillas) y conocer cómo puede ser efectiva la comunicación con comunidades locales. Esto significa crear espacios para soluciones locales a desafíos comunes.

La segunda medida es iniciar una ampliación masiva de la protección social, idealmente hacia alguna forma de cobertura universal a las familias que trabajan en el sector informal, que son las más afectadas. Existen numerosas pruebas de que incluso pequeños pagos incondicionales en efectivo pueden marcar una diferencia fundamental. Y con el uso generalizado de teléfonos móviles, hasta en las comunidades más pobres, las soluciones tecnológicas de bajo coste que se requieren para distribuir estos pagos están al alcance.

Sino se pasa a la acción para evitar un ciclo de violencia y descontento, podríamos ver no sólo brotes del virus, sino también de conflictos sociales que bien podrían persistir más allá del tiempo que dure esta pandemia. Nuestra mejor opción para evitar esto es apoyar a los más afectados por la pandemia – no mediante fuerte represión policial e imposición del toque de queda, sino a través de esfuerzos conjuntos para reconstruir el contrato social. Los gobiernos necesitan dar prioridad a las políticas que protegen a los más vulnerables, construir confianza y calmar las tensiones, no agravarlas.

 

Autores:

 

Eva-Maria Egger es investigadora  en UNU-WIDER con sede en Mozambique, donde también trabaja como asesora técnica para la evaluación de la pobreza en el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Sam Jones es investigador en UNU-WIDER con sede en Mozambique, con licencia extendida de su posición como profesor asociado en el Departamento de Economía de la Universidad de Copenhague.

La profesora  Patricia Justino es una economista del desarrollo que trabaja en la interfaz entre la economía del desarrollo y la ciencia política. Es una experta líder en violencia política y desarrollo, y cofundadora y codirectora de la Red de Hogares en Conflicto. Actualmente es investigadora principal en UNU-WIDER y profesora en el Instituto de Estudios de Desarrollo (IDS) en Brighton, Reino Unido (con licencia).​

Ricardo Santos es investigador de UNU-WIDER, con base en Maputo, Mozambique, como asesor técnico del Centro de Estudios Económicos y de Gestión de la Facultad de Economía de la Universidad Eduardo Mondlane.